Prensa













CÁDIZDIRECTO/ Vanessa Perondi.- El proceso para exhumar los restos de los bebés en el Cementerio de San José de Cádiz vuelve a quedar paralizado después de dos años desde que la Asociación SOS Bebés Robados tuviera la primera reunión con el Ayuntamiento de Cádiz.
La diferencia de interpretación entre la Junta y el Ayuntamiento de un artículo del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuaria mantiene el caso “en el mismo punto”, tal como explicó la presidenta de la asociación, Chary Herrera. Ella y el abogado de la entidad, Alberto Prián, mantuvieron hoy una reunión con el concejal de Cementerio del Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, para comunicarles en qué situación se encuentra el proceso.
La cita tuvo lugar a instancias de la Administración local y según manifestó Romaní,“nosotros estamos preparados”, de forma que sólo restaría la autorización de la Consejería de Salud de la Junta para que comenzaran las exhumaciones.
Un permiso que la asociación no entiende que sea necesario para empezar con los trabajos, si bien, espera que ambas administraciones puedan llegar a un acuerdo, como ya discutieron hace un año. En todo caso, el Ayuntamiento les ha ofrecido que estén presentes en la reunión que van a mantener con la Administración autonómica, que tendrá lugar cuando SOS Bebés Robados ponga la fecha.
Mientras, en las puertas del Consistorio se concentraban algunos de los miembros de la entidad con pancartas que pedían la implicación de jueces en la causa. De momento, hay solicitadas 54 exhumaciones, aunque pueden sumarse algunas más. En la provincia de Cádiz, la presidenta ha contado hasta casi 500 casos que se produjeron desde 1938, el primero, hasta 1992, el último.
La asociación viene recogiendo fondos para costear las pruebas de ADN y del notario, de forma que cada familia se hará cargo de diez bebés, lo que supondría un coste de unos dos mil euros. “Vamos a ver si todas las familias podemos asumir estos gastos”.
Las buenas noticias han llegado desde la Justicia, pues esta misma semana, el Juzgado número 4 de Cádiz ha reabierto el caso de Antonia del Castillo y ha citado como testigos a varios médicos. En este sentido, Herrera ha explicado que han comprobado que en todos los casos coinciden nombres de médicos y del personal de funerarias.
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SAN FERNANDO

'SOS Bebés Robados' pide amparo a la Justicia Europea desde San Fernando

Realizan una concentración y acuden a Correos para enviar una denuncia «contra el Estado español por el abandono» que padecen las víctimas 

'SOS Bebés Robados' pide amparo a la Justicia Europea desde San Fernando
Medio centenar de afectados, de toda la provincia, acudieron ayer a la cita convocada por 'SOS Bebés Robados en la plaza del Rey'. El objetivo era exponer la indefensión que sienten ante la justicia gaditana y especialmente tras la doctrina adquirida por la Audiencia Provincial de archivar de manera sistemática las denuncias que llegan por la supuesta sustracción de recién nacidos. Es por ello que el colectivo ha decidido dar un paso más y denunciar su situación ante el Parlamento Europeo, un paso que dan junto a la entidad de otra provincia andaluza, Huelva.
Lo que hace que a la denuncia se sumen más de medio millar de familias ya que son dos de las provincias más afectadas por ratio de habitantes de toda España. A pesar de esta acción conjunta, a Europa han llegado ya quejas individuales de todos los puntos de España y de hecho, las víctimas gaditanas también se están movilizando para además de esta iniciativa elevar nuevos escritos de forma individual. El objetivo no es otro que hacer presión para intentar que su situación cambie. Se sienten «abandonados» por el Estado español y además denuncian «desamparo» por parte de la Justicia española, incluso hacen referencia a la desigualdad territorial por la que están atravesando, ya que a diferencia de otras ciudades se han dejado de investigar los procedimientos judiciales, tras la unificación de criterios a través de un pleno extraordinario en 2012 por parte de ambas audiencias provinciales. Motivo por el que han decidido acudir a otras esferas en busca de apoyo
Alberto Prian es el letrado que lleva gran parte de casos del colectivo. «Es un paso en nuestra búsqueda de la verdad y sobre todo en restituir el daño que le han causado a las víctimas. Acudimos a Europa porque en el caso de Cádiz se archivan de forma automática las denuncias realizadas y por lo tanto no se realiza siquiera una investigación. Buscamos el apoyo de Europa para que se pueda continuar con los procesos».
Chary Herrera es la portavoz de la entidad y asegura que desde el Parlamento ya se ha transmitido la intención de tratar este asunto. «Hay personas que han denunciado de manera personal y ya han recibido acuse de recibo y una pequeña contestación en la que se hace hincapié en la intención de estudiar los casos. Están alarmados por la cantidad de denuncias de recién nacidos robados entre los años 40 y 90. Ahora queremos dar un nuevo empuje con este escrito».
Evitar colapsos
La representante también hizo alusión a la situación que se dio en la Comisaría de la Policía Nacional la semana pasada, cuando se vio desbordada ante la intención de 30 víctimas de darse de alta en el Servicio de Sustracción de Menores que abrió hace un año el Ministerio de Justicia. Según explicó el colectivo, este servicio se trata de una prestación que aún «no se había usado en la provincia» y representa «una novedad importante» para todas las víctimas, ya que les ayuda a localizar su documentación, así como cotejar el perfil de ADN de cada uno de ellos, en un banco de datos único gestionado por el Instituto Nacional de Toxicología y ciencias forenses.
«La verdad es que estuvimos toda la mañana desde las diez y hasta las dos y media. Pero se portaron muy bien. Próximamente vamos a acudir a otras comisarías de la provincia, pero primero va una avanzadilla para explicar nuestra intención y poder organizarnos mejor».
Chary lleva ya cinco años en la lucha pero a pesar de todo este tiempo y de pasar diferentes altibajos no se desanima. «Tengo esperanza de que nos escuchen y de que se reactiven los casos. Espero que con esto se haga un poco de fuerza».

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SOS BEBÉS ROBADOS CÁDIZ PIDE AYUDA AL MINISTERIO DE JUSTICIA

La asociación ha reclamado la investigación de delitos de detención ilegal de recién nacidos en Cádiz



13 de marzo de 2014 por Redacción

Durante la reunión mantenida el pasado lunes entre representantes de colectivos de víctimas de robos de recién nacidos y la nueva asesora del ministro de Justicia en este tema, Mª Paz Ramírez, Chary Herrera ha expuesto la cantidad de problemas que encuentran en Cádiz para que se investiguen las supuestas sustracciones de recién nacidos.

Ha expuesto también como queja, que los fiscales de Cádiz que en un principio se unían a los recursos ya no lo hacen citando en los autos de archivo: “el ministerio fiscal se ha opuesto al recurso de apelación y ha solicitado la confirmación de la resolución recurrida, por considerarla ajustada a derecho.”
Explicando que el 90 % de las denuncias se archivan por prescripción del delito al ser anteriores a 33 años de antigüedad, criterio unificado en pleno por la Audiencia Provincial de Cádiz y el otro 10 % se archivan por no estar debidamente justificada la comisión del delito.
Según Chary Herrera “se ha creado una unificación global de criterios entre los jueces, magistrados y fiscales de la provincia de Cádiz para terminar archivando sistemáticamente todas las denuncias por supuesto robo de bebes. Sentimos que se nos está vulnerando el artículo 14 de la Constitución, porque por este agravio comparativo los gaditanos no somos iguales ante la ley.”
Por otra parte, en la reunión mantenida con el grupo de la C.N.P. sección de delitos contra las personas, Chary Herrera expuso que los casos cerrados por prescripción, que son la gran mayoría en Cádiz, tendrían que investigarse por la policía judicial pues son imprescindible para destapar la trama ocurrida. La Asociación está preparando en breve una asamblea para informar a sus miembros de todo lo acontecido en Madrid estos últimos días.
SOS Bebés Robados Cádiz
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La Audiencia de Cádiz archiva 50 casos de bebés robados anteriores a 1981

El tribunal no realiza investigaciones de hace más de 33 años porque han prescrito

Miembros de la Asociación SOS Bebés Robados de Cádiz. / EDUARDO RUIZ
La verdad no entiende de antigüedad. Es lo que piensa la asociaciónSOS Bebés Robados de Cádiz, una de las más activas a la hora de movilizarse y reunir denuncias de supuestas sustracciones de niños en hospitales de esta provincia en las últimas décadas. Sus responsables están convencidos de que en Cádiz, como en otras provincias, hubo una trama dedicada a vender niños que arrebataban de los brazos de sus madres. Pero aquí se han encontrado con un obstáculo. La Audiencia Provincial de Cádiz ha adoptado como criterio unificado no investigar casos con más de 33 años de antigüedad por considerar que, de haber delitos, éstos ya habrían prescrito. Bajo esta premisa los tribunales gaditanos han archivado 50 de las 350 denuncias presentadas.
Cada archivo es para el colectivo una derrota en su lucha. Porque supone no poder seguir investigando unos casos en los que creen que, de verdad, hubo un robo de bebés. Lo ha sufrido la presidenta de esta asociación en Cádiz, Chari Herrera, quien busca a su hermana. Según sus datos, el 90% de las denuncias presentadas en Cádiz han sido archivadas por haber prescrito al ser casos anteriores a 1981. “Es el criterio unificado en pleno por la Audiencia Provincial”, explica. Al otro 10% se le da carpetazo por no haber justificado adecuadamente la comisión del delito.
Según la Fiscalía del Estado, el delito no caduca si la víctima desconoce su origen
La Asociación SOS Bebés Robados de Cádiz ha sido uno de los 14 colectivos que ha podido reunirse con la nueva asesora del Ministerio de Justicia en esta materia, María Paz Ramírez. Los colectivos han pedido “mayor apoyo” del Gobierno en su lucha por aclarar las detenciones ilegales de recién nacidos que se han puesto al descubierto con las denuncias de miles de familias. Su respuesta no les ha convencido. “Nos ha dicho que el ministerio no puede influir en lo que resuelvan las audiencias provinciales de forma individual pero sí pueden dar un toque a los fiscales, que contaban con una circular para atender nuestras denuncias aunque, en el caso de Cádiz, ha dejado de recurrir las sentencias de los tribunales gaditanos”, explica Herrera.
En 2013 la Fiscalía General del Estado envió una circular en la que ordenaba “agotar la investigación de las denuncias con el fin de tener un completo relato de hechos, antes de fijar posición sobre la prescripción. En todo caso, la Fiscalía General, a la espera de que los tribunales fijen una línea jurisprudencial consolidada al respecto, considera que el delito de detención ilegal es un delito permanente, por lo que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en la ignorancia de su origen y verdadera identidad”. Es el matiz de la línea jurisprudencial de los tribunales lo que ha motivado que en Cádiz se haya dejado de apelar las prescripciones porque el pleno de la Audiencia gaditana tomó la decisión de archivar los casos anteriores a 1981. Decisión después asumida en Huelva.
Los colectivos de denunciantes en Cádiz lamentan esta decisión y rechazan que se haya creado un criterio único para “archivar sistemáticamente todas las denuncias por supuesto robos de bebés”. De ahí que hayan solicitado una reunión con el Consejo General del Poder Judicial. La asociación gaditana también se ha reunido con agentes del Cuerpo Nacional de Policía especializados en los delitos contra las personas para instar a que las investigaciones sobre la existencia de una trama no caigan en saco roto.
La mejor noticia para el colectivo en los últimos días ha sido la inclusión como víctimas de los bebés robados en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática de Andalucía. “Es una manera de reconocer nuestra lucha”, admite la presidenta en Cádiz. Su asociación prepara una asamblea multitudinaria para unir nuevos esfuerzos y estudiar más acciones.
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“Existía una trama para llevarse a los niños”

Chary Herrera es presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz

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Chary Herrera, presidenta de SOS Bebés Robados de Cádiz. /ROMÁN RÍOS
Cuando tenía 15 años, el padre de Chary Herrera (Cádiz, 1979) la reunió junto a sus siete hermanos varones para desvelarles un secreto de familia. “Tuvisteis una hermana. Nació, pero pocas horas después nos dijeron que estaba muerta. Tenía un antojo en un muslo. Me enseñaron el cuerpo escondido en vendas, pero creo que no era ella. Que se la llevaron. Si veis a alguien parecido a vosotros por la calle preguntadle si tiene una marca de nacimiento”. Su madre nunca creyó a su marido. Para ella, aquella hija, nacida en 1975, murió aquel día. No quiso buscarla ni se sumó a la teoría del robo. Pero la misión encargada por su padre caló en Chary Herrera hasta colocarla en 2010, cuando empezaron a proliferar las denuncias de bebés supuestamente sustraídos en España, a la cabecera de esta lucha en Andalucía. Ahora es presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz. Su caso, el de su hermana, ha sido archivado por la justicia. Pero no se rinde. En Cádiz ha reunido más de 300 denuncias que han acabado en los juzgados, aunque como la suya, la mayoría se han archivado porque los jueces han aplicado el criterio de la prescripción. Otros han cerrado los casos por falta de pruebas. Sin embargo, algunos siguen su curso. Mínimas batallas ganadas que mantienen viva su esperanza de demostrar la existencia de una trama organizada para sustraer niños. Como la de Teresa Andreu, quien denunció la desaparición de su hermano mellizo en el hospital de Cádiz. Hace unos días el colectivo logró que un juez llamara a declarar a tres imputados por el caso del hermano de Andreu.
Pregunta. Tres imputados para declarar en un juzgado que ya había archivado muchos casos. ¿Ha sido el momento más importante en vuestra lucha?
Respuesta. Ha sido, sin duda, uno de los más importantes porque es la primera vez que un juez llamaba a tres imputados: un ginecólogo, un pediatra y el celador de un cementerio. Dos de ellos habían fallecido pero es importante que un juez atienda una denuncia porque en Cádiz el 80% de los casos han sido archivados. Está bien que se avance, aunque sea poco. [El testimonio del pediatra, el único de los imputados vivo, está aplazado a la espera de unas pruebas de ADN].
P. Desde que empezó a trabajar al frente de este colectivo, primero en Anadir y después en SOS Bebés Robados, ¿ha habido más decepciones que alegrías?

El cementerio con respuestas


El 24 de agosto terminará el plazo dado por el Ayuntamiento de Cádiz para que el colectivo SOS Bebés Robados, que preside Chary Herrera, pueda reunir solicitudes de familias que quieran exhumar los restos de bebés. El cementerio de San José lleva clausurado una década y pretende convertirse en un parque pero no puede derribarse hasta que no se resuelvan los procesos judiciales abiertos y las reclamaciones de personas que creen que sus hijos pudieron ser sustraídos. El Consistorio costeará las exhumaciones. Las familias sí tendrán que pagar los cotejos de ADN, medidas nada baratas. De hecho, calculan que necesitarán unos 100.000 euros, por lo que han organizado fiestas y conciertos con fines benéficos este verano. “Tenemos, de momento, 58 solicitudes”, revela Herrera.
R. Sí. Muchas más decepciones. Sobre todo, con la justicia. Ha habido archivos en cadena. Entre ellos, el caso de mi hermana. Quedan muy pocos abiertos. Y eso deprime mucho a las familias. A muchos les costó dar el paso y denunciar porque llevaban tres décadas de silencio. Estos casos formaban parte de las historias personales de muchos hogares, pero estaban ocultos. Cuando empezaron a hacerse públicos, animaron a mucha gente a denunciar. Nosotros solo buscamos la verdad y decepciona mucho cuando te cierran la puerta. Pero también ha habido logros como los casos que han sido reabiertos, las primeras pruebas de ADN que han conseguido autorizarse, el convenio con el Ayuntamiento de Cádiz para realizar exhumaciones en el cementerio. Nos quedamos con los poquitos casos que aún están abiertos y con esos pasos dados, porque las cosas no han sido fáciles.
P. Hasta ahora no se ha podido comprobar el robo de ningún bebé. ¿Confía en que se pueda conseguir algún día?
R. Es que no se ha llegado al fondo de los asuntos. En Cádiz, por ejemplo, no se ha encontrado ningún niño adoptado que dude de que sus padres pudieron comprarle en su momento. Toda la asociación la forman madres y hermanos que buscan a sus familiares. En otras provincias sí hay hijos que creen que pudieron ser robados. Yo pienso que a los niños de Cádiz los mandaban fuera y por eso en esta provincia no hay adoptados interesados en sumarse a nosotros.
P. ¿Y no os rendís? ¿Hasta cuándo durará la actividad del colectivo SOS Bebés Robados?
R. Lucharemos hasta el final. Mientras sigan casos abiertos, debemos ser una piña. Hasta que el último caso no se cierre. Las cosas han ido variando en estos años. Unos han venido, otros se han ido. A muchos nos han archivado nuestras denuncias. Pero creemos que debemos seguir juntos e ir viendo cómo se resuelven las demás.
P. ¿Siente que se haya reducido la repercusión de sus denuncias? ¿Ha bajado la actividad del colectivo?
R. Ha bajado mucho. Yo he llegado a recibir 100 llamadas diarias al fijo y al móvil. Me causaba un estrés enorme. Estaba desbordada. No podía atender tantas consultas. También llegaban por correo electrónico. Ahora suelo recibir unas 20. Se ha reactivado algo después de que el Ayuntamiento de Cádiz haya abierto un plazo para inscribirse en el proceso de exhumaciones del cementerio de San José. Pero ya la situación está mucho más tranquila.
P. ¿Qué esperáis de esas exhumaciones? ¿Cómo van a hacerse?
R. Esperamos que nos aporten datos fundamentales para contrarrestar los restos de los bebés enterrados con el ADN de las familias denunciantes. Sería una forma de descartar casos. Si coinciden, ya está. Para esa familia se habrá acabado el sufrimiento porque sabrán que sus niños sí murieron. Los que no coincidan podrán continuar sus denuncias y seguir la búsqueda. Es un paso importante.
P. Y, a pesar de que no haya ningún caso constatado y del archivo de la mayoría de denuncias, ¿sigue creyendo que existía una trama en Cádiz para robar bebés?
R. Sí. Era una trama nacional. Así lo sabemos en las asociaciones que trabajan en toda España. Hay testimonios y denuncias que coinciden. Personas que han trabajado en Madrid que conocían a familias que venían a comprar niños en Cádiz. Esos niños salían fuera. Eso está en nuestra investigación y no tenemos ninguna duda de que existía una trama para llevarse a los niños. Lo que queremos es que los jueces lo vean claro. Nos gustaría tener pruebas, un caso, un testimonio, que demuestre que esto es verdad. Que no nos lo estamos inventando.

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RADIO LA ISLA

'Análisis de la Actualidad' - SOS Bebés Robados Cádiz - Entrevista a Chary Herrera, presidenta

02/11/2012
Este miércoles, en 'Análisis de la Actualidad', hablamos de los casos de bebés robados con SOS Bebés Robados provincia de Cádiz y su presidenta, Chary Herrera, y Alberto Prián, abogado

Canal: Radio la Isla
Categoría: Actualidad y Sociedad
Subcategoría: Noticias y sucesos
Género: Radio
Procedencia: España
Idioma: castellano





http://www.ivoox.com/analisis-actualidad-sos-bebes-robados-audios-mp3_rf_1542620_1.html

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"La Audiencia Provincial está desestimando casi todos los casos"

La manifestación convocada por 'SOS Bebés Robados' congrega a 50 personas en Jerez. El abogado de la asociación señala que la Audiencia aplica el criterio de prescripción del delito
EUROPA PRESS | ACTUALIZADO 19.07.2012 - 16:02
 Más de medio centenar de personas han secundado este jueves la manifestación convocada por 'SOS Bebés Robados' en Jerez de la Frontera  para protestar por el archivo de varias denuncias por los supuestos robos de recién nacidos ocurridos desde la década de los años sesenta hasta principios de los noventa.

  La mayor parte de los asistentes han sido madres llegadas desde diferentes puntos de la provincia gaditana y que en su día perdieron a sus hijos en extrañas circunstancias. Chari Herrera, presidenta de SOS Bebés Robados, ha señalado que en la provincia "hay más de 40 archivos, y desestimados están viniendo todos los casos desde la Audiencia Provincial", explicando que "los casos anteriores a 1979 son por haber prescrito y los posteriores a esta fecha por falta de pruebas o porque los jueces consideran que no hay delitos".

  Martín de la Herrán, abogado de la asociación, explica que mientras en la Audiencia Provincial de Cádiz se está aplicando mayoritariamente el criterio de la prescripción del delito para el archivo de las denuncias, en las audiencias provinciales de Huelva y Barcelona se está siguiendo otro criterio.

  Así, detalla que "el delito de detención ilegal, la privación de la identidad de esos niños que fueron robados, sigue perfectamente vigente, por lo menos hasta que esas personas no sepan que fueron robados. Hasta que ese ilícito penal no cese no debería empezar a computarse el plazo, y así lo han entendido en Huelva y Barcelona". Por ello, "estamos recurriendo e incorporando esos dos autos con la esperanza de que se unifique el criterio siempre a favor de que se esclarezcan los delitos".

  Dolores Ruiz, una de las afectadas a las que el juzgado ha archivado su denuncia, relata que dio a luz a un varón en el año 1970 en la antigua residencia sanitaria Fernando Zamacola, de Cádiz. "Lo vi recién nacido, se lo llevaron para el nido y ya no lo vi más, porque siempre nos ponían pegas. A los dos días me dijeron que se había muerto por debilidad congénita. Ni a mí ni a mi marido nos quisieron enseñar su cadáver".

  María Jesús Pavón tuvo una niña en el hospital militar de San Carlos, de San Fernando. "La tuve en una zona aislada, al nacer la matrona dijo 'que pena, que pena', y se la llevó. Yo no la vi, ni mi marido. En el cementerio no está y no consta en el registro, es como si no hubiera nacido", ha asegurado.

  Margarita Quintanilla es trilliza y afirma que "robaron a mi hermano y a mi hermana en 1957". Explica que su nacimiento fue "en su día fue un acontecimiento, porque por entonces Franco daba 1.000 pesetas por nacimientos de este tipo y salimos hasta en el periódico". Nacieron en la cama de su madre, pero ésta tuvo una hemorragia y se la llevaron al hospital. "Mi madre me agarró para que no me llevaran, pero a mis hermanos los cogieron", asevera.

  Margarita explica que, investigando por su cuenta, descubrió una serie de "errores" en lo relativo a las supuestas fechas de las muertes de sus dos hermanos, lo que le indujo a "saber que todo fue mentira". Está convencida de que "somos muchos gemelos los que estamos separados. Esto es una mafia y que sigue, porque hasta en 1999 se han seguido dando casos".  
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Cádiz prepara una exhumación masiva por el robo de bebés

La operación, inédita en España, cuenta con la autorización del Ayuntamiento para abrir 49 sepulturas

El desenterramiento y análisis de restos lo costearán los familiares, ya que las denuncias de casos anteriores a 1979 están siendo sistemáticamente archivadas por la Audiencia Provincial

Hasta el momento, las miles de denuncias presentadas en juzgados de toda España por el presunto robo de bebés durante el franquismo y los años ochenta apenas han conseguido la exhumación de una veintena de sepulturas. Sin embargo, ahora en la ciudad de Cádiz se van a abrir 49 de una sola tacada. Lo han logrado los afectados aprovechando que el cementerio municipal está en fase de traslado y gracias a la autorización del Ayuntamiento. Pero el desenterramiento y análisis genético de los restos que se encuentren lo costearán ellos mismos, puesto que las denuncias de los casos sucedidos con anterioridad a 1979 están siendo sistemáticamente archivadas por la Audiencia de Cádiz por prescripción del delito, contradiciéndose así con el criterio de otras instancias judiciales del resto del país.
Puerta lateral del cementerio San José de Cádiz con la inscripción de un versículo de la Biblia (J.L.G.)
El pistoletazo de salida lo dio la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, quien en una reunión con la asociación SOS Bebés Robados mostró la disposición del Ayuntamiento a que, dentro del proceso de desmantelamiento del cementerio de San José y traslado de tumbas al mancomunado, los familiares pudieran recuperar los restos que desearan. Un portavoz municipal ha confirmado a Periodismo Humano que el Consistorio prestará “toda la colaboración posible” en esta tarea a los afectados por el presunto robo de bebés en la capital gaditana, para su posterior venta en adopciones ilegales.
Gracias a esto, se han presentado hasta el momento 49 solicitudes, correspondientes a otros tantos casos ya archivados por los juzgados. Es por ello que el coste de toda la operación tendrá que ser sufragado por los familiares, y no por la Administración de Justicia, que sí se hace cargo en cambio de dos exhumaciones actualmente en marcha en este mismo cementerio, ordenadas por el Juzgado. La concejala de Izquierda Unida (IU) Blanca Marzán ha intercedido para prestarles el servicio gratuito de una arqueóloga. El laboratorio New Bio Technic (NBT) realizará el análisis de ADN de los restos que se obtengan. Para que todo ello tenga validez ante los tribunales, la apertura de tumbas tendrá que realizarse en presencia de un notario. SOS Bebés Robados de Cádiz ha calculado el coste total en unos 2.000 euros por familia.
Chary Herrera, Josefa Rincón, Blanca Marzán y Jesús Alcina a las puertas del cementerio San José de Cádiz (J.L.G.)
Su presidenta, Chary Herrera, es también una de las solicitantes de exhumación, en concreto de la supuesta tumba de su hermana, nacida el 10 de enero de 1975 en la clínica San Rafael, adonde se había trasladado el personal del hospital Fernando Zamacola (actual Puerta del Mar) por encontrarse éste en obras. Tras nueve meses de gestación, la niña nació sana, pero en su denuncia a la Fiscalía cuenta que sus padres apenas lograron tenerla media hora, pues “vienen contínuamente enfermeras a llevársela para enseñarla, les dicen que les han dicho que es muy bonita y quieren enseñarla otra vez, y ellos se sienten orgullosos pero les resulta extraño que se la lleven continuamente”.
A las tres de la madrugada del 11 de enero vuelven a por la niña porque, dicen, está muy enferma. La siguiente comunicación con sus padres, según cuenta Chary, fue de un médico para informarles que su hija había fallecido por un fallo del corazón, y que el hospital se encargaría del entierro. El padre pidió verla, pero recibió la negativa del equipo médico arguyendo que estaba ya preparada para la sepultura. Finalmente, tras mucho insistir, su padre consiguió que le enseñaran un cuerpo envuelto completamente en vendas dentro de un cajón frigorífico. El matrimonio no fue avisado del entierro, que les cuentan se practicó en una fosa común del cementerio de San José tres días después.
Chary Herrera, Josefa Rincón, Blanca Marzán y Jesús Alcina a las puertas del cementerio San José de Cádiz (J.L.G.)
Los padres quedaron desolados y con la sospecha de que alguien se había quedado con su hija, al verla “tan bonita”, pero en aquella época el acatamiento de la autoridad estaba sellado a fuego en la población española, especialmente en las familias más humildes. Y así quedaron las cosas hasta que la hermana menor, Chary, acudió al Registro Civil en 2009. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que el certificado de defunción, firmado por un ginecólogo, señalaba como causa de la muerte “prematuriedad”, al nacer con sólo siete meses de gestación. Por si fuera poco, en el libro de defunciones del cementerio consta como causa de la muerte la “maceración”, un proceso que daña al feto unas dos semanas antes del parto debido al líquido amniótico. Tres explicaciones distintas para una defunción presuntamente falsa. El hospital les dijo que no guardaban ningún historial médico anterior al año 2000, que se habían perdido.
Su hermana recibió supuestamente sepultura el 14 de enero de 1975. Sólo en ese mes, y hasta el 10 de febrero, consta en el cementerio gaditano el enterramiento de nada menos que 28 fetos, todos procedentes del antiguo Fernando Zamacola. Algo que, a juicio de los abogados de SOS Bebés Robados, es “una cifra desorbitada” que apunta a la “comisión de delitos no sólo de forma puntual, sino como una trama organizada”.
Otro de los que espera la exhumación de la supuesta tumba de su hermano es Jesús Alcina. Su madre dio a luz el 28 de enero de 1983 mediante cesárea en el mismo hospital Zamacola, pero no llegó a ver al bebé porque le comunicaron que habia fallecido por “malformaciones incompatibles con la vida”. Sin embargo en ninguna ecografía, la última de ellas dos semanas antes del parto, aparecía tal anomalía. Antes al contrario, indicaban que el niño estaba “encajonado” y no se apreciaba “ninguna malformación”. Es más, en el test de Agbar sobre salud del feto, en una clasificación del 0 al 10, su hermano alcanzó un 8.
“Mis padres no consiguieron verlo ni con vida ni sin vida”, se lamenta con rabia Jesús, puesto que fue supuestamente enterrado de forma inmediata por el hospital en las fosas comunes del cementerio que ahora se van a abrir. De hecho, lo que puso en guardia a la familia Alcina sobre el presunto robo de su bebé fue la llegada a su domicilio de un carta certificada, remitida por el propio cementerio, en la que se les entregaba un resguardo del pago de 400 de las antiguas pesetas por los gastos del funeral a nombre de su padre, Luis. Cantidad que el padre nunca pagó, y de hecho su firma en el resguardo aparece falsificada.
Huellas franquistas
El documento de legajo de aborto obtenido por la familia en 1983, en plena democracia, tiene el escudo preconstitucional. Viene firmado por el mismo funcionario del Registro Civil que suscribe un duplicado del libro de familia expedido también por aquel entonces, y en cuya portada figura igualmente el escudo de la España franquista, coronado por una cabeza de águila y el lema “una, grande, libre”. Jesús Alcina sospecha que estos documentos, sobre plantillas distintas de las vigentes en democracia, fueron emitidos expresamente para su familia, y para otras afectadas por el robo de bebés, por la misma organización criminal que realizaba las adopciones ilegales, con posibles tentáculos en diversos organismos oficiales. Se trataría por tanto de documentos falsos.
Duplicado del Libro de Familia de familia de Jesús Alcina con el escudo franquista (J.L.G.)
Un supuesto nada descabellado es que algún ataúd aparezca vacío. Es lo que le sucedió a Josefa Rincón, cuando trasladó el féretro de su hijo recién nacido del nicho del San José al cementerio mancomunado. Al abrirlo, en 2001, se encontró con que dentro no había nada, “sólo un trozo de gasa con un esparadrapo”. Un sepulturero les dijo que, al ser un bebé, no perduraban los restos, “y nos lo creímos”, recuerda ahora con asombro. Al saber de la multitud de casos denunciados o en busca de evidencia, más de 350 sólo en la provincia de Cádiz, Josefa ha puesto los hechos en conocimiento del juez.
Ella rememora con amargura cómo dio a luz mediante cesárea el 11 de mayo de 1984 en el Zamacola. Nació un varón de 5,5 kilos que no paraba de llorar, “toda mi familia lo vio”. Sin embargo, una hora después del parto les comunicaron que el bebé había muerto por encharcamiento de pulmones. “Un niño con encharcamiento no llora con tantas ganas”, arguye. Al igual que a Jesús, le dieron otras dos posibles causas del fallecimiento, contradictorias con la primera: en el Registro Civil, que tragó líquido amniótico, y en el cementerio por ser prematuro. El médico no le dijo nada. “Salió corriendo y no volvió a entrar en la habitación hasta que yo salí del hospital”, denuncia.
Así que, con resignación, “lo enterramos nosotros, pero no nos dejaron ver el cuerpo”. En realidad lloraron a un ataúd vacío. En la licencia de enterramiento figura el nombre de uno de los facultativos, de iniciales J.L.M.O., como mandatario. Un nombre que también se cita en al menos otros treinta casos de presuntos bebés robados en Cádiz, al igual que el de otro doctor, con iniciales M.C.C. Ambos ejercen todavía y, en teoría, darán cuenta de sus actos ante el juez. Si es que el Juzgado no archiva las denuncias por considerar que ha prescrito el delito.
Delitos de lesa humanidad
El cierre de casos por prescripción fue una práctica habitual de los juzgados al principio de aparecer las denuncias de bebés robados. Sin embargo, diversas audiencias provinciales, como las de Barcelona y Huelva, han revocado autos de archivo de los juzgados y han reabierto diversos casos de supuesta sustracción de recién nacidos apoyándose en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el sentido de que el delito de detención ilegal es permanente. Así, el plazo de prescripción no empieza a correr mientras los presuntos culpables mantengan el engaño y mientras en los registros oficiales permanezca la falsedad documental que lo ampara. Ése es sin duda el caso del robo de bebés.
Dentro de la propia provincia de Cádiz, los juzgados de Jerez y Algeciras están aplicando esta interpretación. Sin embargo la Audiencia de Cádiz, reunida en pleno el pasado 10 de febrero, decidió continuar con la doctrina de la prescripción, contando el plazo a partir de que el niño supuestamente robado cumpliera la mayoría de edad, a los 18 años, y aunque éste desconozca siquiera que haya sido adoptado. En todo caso, aplican otros 15 años porque el delito lo cometiera un funcionario público. Así que, para la Audiencia de Cádiz, toda detención ilegal cometida antes de 1979 está prescrita como delito, aunque sus autores sigan vivos, mantengan el engaño y la víctima continúe creyéndolo en la actualidad.
Zona del cementerio de San José donde se encuentran las fosas comunes de bebés que se van a abrir (J.L.G.)
La Audiencia gaditana fundamenta su criterio en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que absolvía al ex juez Baltasar Garzón del delito prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo. En esa sentencia el Supremo se refiere a la prescripción de un delito de detención ilegal perfectamente conocido por la víctima, ya adulta en el momento de ser raptada, y cuyos autores están necesariamente muertos, pues está hablando de las desapariciones forzadas durante la guerra civil y la posguerra. Unos supuestos muy diferentes de los del robo de bebés, a los que en ningún caso se refiere expresamente el Supremo en esta sentencia.
Pero, aunque fuera así, las más recienten interpretaciones de algunos juristas apuntan a que la sustracción masiva de bebés durante la segunda mitad del siglo XX en España constituye un delito de lesa humanidad, según el artículo 607 de nuestro Código penal, y por tanto jamás prescribirían. Según el jurista Miguel Ángel Rodríguez, este delito contra la humanidad “de inicio fue político”. Se refiere al entramado legal del franquismo que facilitó la segregación infantil y la sustracción o eliminación de la custodia de las madres sobre sus hijos. La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que cualquier mujer reclusa sólo podían quedarse con sus hijos hasta los tres años, una vez transcurridos los cuales podían ser excarcelados y adoptados por otra familia. En la mayoría de los casos no se llegaba a esperar ese plazo. Bastaba detener durante unas horas a la madre, acusada normalmente de sedición, para arrebatarle a su bebé. La Ley de 4 de diciembre de 1941 completó el andamiaje jurídico facilitando la inscripción de los menores en el Registro Civil con nuevos apellidos.
Mediante este engranaje, y según la investigación realizada en su momento por Garzón, se robaron a sus familias unos 20.000 niños en España entre 1940 y 1955, para darlos en adopción a familias adeptas al régimen. “Después –prosigue Rodríguez- aprovecharon el mecanismo de la impunidad ya creado en las instituciones para seguir con el negocio”. De hecho, en la propia provincia de Cádiz hay datados casos desde 1938 hasta 1991. A su juicio, “con finalidad económica es igual de crimen contra la humanidad que con finalidad política”, porque “lo determinante es que sea hecho desde el Estado con sistematicidad y posición de indefensión de la víctima”, requisitos que se darían en esta tragedia colectiva sufrida en nuestro país.
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JUSTICIA | Entregan 90.000 firmas a la Fiscalía General

Familiares de niños robados protestan contra el archivo de las denuncias

Vídeo: Efe
Varias mujeres afectadas por el robo de bebés frente a la Fiscalía General del Estado. | Efe
Varias mujeres afectadas por el robo de bebés frente a la Fiscalía General del Estado. | Efe
  • Se cumple un año de la demanda conjunta que pusieron más de 200 afectados
Más de 200 personas se han reunido esta mañana ante las puertas de la Fiscalía General del Estado para entregar casi 90.000 firmas para que cese el "archivo masivo" de las denuncias de personas afectadas por elrobo de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia.
"Que las autoridades busquen las pruebas necesarias y que se reabran todas las denuncias para investigar a fondo; sólo así se podrá por fin encontrar y encausar a los que traficaron con niños como una mercancía", ha asegurado la impulsora de la recogida de firmas Soledad Luque, que busca a su hermano gemelo supuestamente muerto al mes de nacer.
Sólo con una investigación en profundidad se podrá resarcir un daño "del que nuestro Estado, sea cual sea el partido que gobierne, debería avergonzarse", ha declarado Luque, quien tras entregar las firmas ha leído un manifiesto de agradecimiento a las tres asociaciones que han apoyado su iniciativa.
Las protestas se han sucedido ante las autoridades judiciales en ciudades como CádizHuelvaBarcelonaValenciaValladolid y Vitoria en las que decenas de afectados han denunciado el archivo de casos y que sean las propias víctimas de los hechos denunciados los que se tengan que encargar de las investigaciones.

Casos archivados

En una conferencia de prensa al término de la protesta en Madrid, el abogado la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), David Serra, ha detallado que, según el último informe de la Fiscalía, se han presentado un total de 1.079 denuncias de las que se han archivado un 30 por ciento.
Según esos datos, el porcentaje de casos archivados fluctúa entre el 100 por ciento en La Rioja y el 91 por ciento de Asturias, hasta el 0 por ciento de Cantabria o Canarias.
Por eso, las víctimas han pedido al Fiscal General del Estado queunifique los criterios de actuación y evite así que "esto sea una lotería que si te toca en Málaga o Barcelona va bien, y si te toca en Madrid tienes un 40 por ciento de posibilidades de que te lo archiven", ha denunciado la miembro de Anadir Mabel Escuder, miembro de Anadir.
Escuer calcula que entre los afectados, un 25 por ciento son hijos a quienes sus padres ocultaron su condición de adoptados y un 75 por ciento de padres a los que mintieron al decirles que su bebé había muerto.

Cádiz, Valencia y País Vasco

En Cádiz ha sido cerca de un centenar de personas quienes se han manifestado para expresar su rabia ante el archivo de las investigaciones.
"Estamos indignados, muy enfadados, en el último mes han archivados trece o catorce denuncias", ha denunciado Chari Herrera, presidenta de la Asociación SOS Bebes Robados de Cádiz, que también lucha por que el Ayuntamiento paralice el proyecto de llevar a un osario común los restos del antiguo cementerio de San José, con lo que se perderían los restos.
Como parte de la misma iniciativa, otra veintena de afectados se ha manifestado ante la Fiscalía en Valencia para pedir que se investigue "a fondo" cada uno de estos casos, "que se busque y que se depuren responsabilidades", ha dicho la portavoz de la asociación "SOS Bebés Robados" de la Comunitat Valenciana, Luna.
A diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas, en elPaís Vasco se ha constituido una comisión de investigación y la consejera de Justicia, Idoia Mendia, ha asegurado al término de la primera reunión, que se investigarán "hasta el final" los casos de bebés robados.
Los casos de Cádiz superan los 150, muchos vinculados al antiguo Hospital Zamacola, hoy Puerta del Mar. Están repartidos entre las fiscalías de la capital y la de Algeciras, cuyo trabajo alaba Chary Herrera, casi recién nombrada delegada en Andalucía de Anadir. La Policía, por indicación del Ministerio Público, también ha tomado muestras de ADN, en este caso gratuitas, algo que la asociación aboga por extender al resto de provincias. Herrera busca a su hermana y se ha convertido en una experta en el rastreo de certificados. Confiesa que está desbordada, que las llamadas no cesan. «Cada vez que sale un caso, llegan diez detrás».
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Los 'Niños Robados' en Frente a Frente
Jesús Alsina y Chari Herrera, integrantes de ANADIR, son personas que han vivido en primera persona unos hechos que, en los últimos meses, han saltado a la opinión pública y están generando una fuerte conmoción social. Se trata de los denominados ?niños robados?.    Los relatos que están saliendo a la luz son impresionantes: intercambios de niños por dinero a plena luz del día, bebés que salían del paritorio tras haber sido dados por muertos, matronas que falsificaban documentos...
2011.
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SUCESOS

La Isla registra casi un centenar de posibles casos de bebés robados

LA ISLEÑA CHARI HERRERA. · J.F.C.
José F. Cabeza
25/06/2011 16:43
La isleña Chari Herrera saltó a la luz pública hace un par de años al denunciar el posible caso del robo de una hermana suya recién nacida en el 1975, cuando su madre dio a luz en San Rafael, aunque atendida por persona sanitario de lo que antes se llamaba Zamacola (hoy día Puerta del Mar).

Han pasado los meses y hoy día es la portavoz en la provincia de Cádiz de la recién constituida asociación SOS Bebés Robados, donde se trabaja en pro de guiar a aquellas familias gaditanas que podrían tener la sospecha de que sus bebés les fueron robados de la unidad familiar nada más nacer.

Hasta el momento, Herrera tiene conocimiento de que en la provincia de Cádiz se han detectado en torno a 300 casos de posibles robos de niños recién nacidos, llevándose la palma de largo San Fernando con una cifra que ronda el centenar de ellos. Eso sí, reseñar que de esos 300 sólo en torno a 80 han sido denunciados ante la Fiscalía, un “paso clave”, según la portavoz de la entidad, para que realmente las familias puedan esclarecer los hechos.

De hecho, en el caso de Chari Herrera denunció su situación con otras tres familias más ante la Fiscalía de Cádiz en julio de 2010, ésta derivó a la Policía en diciembre de 2010 para que iniciara las diligencias que considerase oportunas y, tras seis meses, la investigación ya ha concluido. Ahora la pelota está en el tejado de la fiscal jefe de Cádiz, que es la que debe de determinar si hay indicios de delito, o bien se archivan las denuncias presentadas.

De distintos periodosSegún los datos que manejan en la asociación SOS Bebés Robados, en el caso de San Fernando, la posible desaparición de los niños se produjo en distintas periodos de tiempo, comenzándose a detectar los primeros casos en el año 1954 y alcanzando prácticamente hasta mediados de los años 80.

Herrera afirma que son aún muchas las familias que no se atreven a dar el paso y denunciar el caso ante la Fiscalía. En este sentido, y a modo de guía de orientación, señala que todas aquellas familias que entiendan que les ha podido pasar una situación similar a la vivida por ella deben de hacer recopilación de documentación en el Registro Civil, el cementerio donde presumiblemente el bebé está enterrado y en el hospital donde se llevó a cabo el alumbramiento.

En el Registro Civil es quizás donde puedan encontrar más problemas, puesto que si el fallecimiento del feto se produjo antes de 24 horas deben de pedir un legajo de aborto, y si se superó esas 24 horas hay que solicitar un legajo de nacimiento y defunción, además de la partida de nacimiento y defunción. En el hospital lo que hay que reclamar es un certificado del parto y en el cementerio del enterramiento.

Una vez que se tenga recabada toda esa información es cuando hay que dar el siguiente paso y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. De todas modos, Chari Herrera ofrece un sitio de encuentro a través del dominio de la web cadiz@sosbebesrobados.es, así como les invita a una reunión que tendrá lugar el próximo 30 de junio en Jerez de la Frontera, donde se dará asesoramiento personalizado a todos los interesados.

Cuando tenía 15 añosChari es hoy una mujer casada y con hijos, pero recuerda que la curiosidad por saber si su hermana estaba viva se inició cuando cumplió 15 años y se disponía a salir a la calle con sus amigas. Fue entonces cuando su padre le comentó que “si ves a una niña por ahí, preguntale si tiene un antojo en el muslo, que puede ser tu hermana”. Hasta entonces, ella desconocía que su madre en el año 1975 dio a luz a una hermana mayor que ella y que, “supuestamente”, había fallecido a la madrugada siguiente de nacer.

Desde entonces, le fue dando vueltas hasta que en 2009 se decidió por dar el paso adelante y averiguar si esa historia que le contó su padre era cierta y si, realmente, existía la posibilidad de que su hermana seguía viva.
Recuerda que su madre le contó que en aquel año de 1975 se fue a dar a luz junto a su padre a San Rafael, aunque fue atendida por personal de la antigua Zamacola. “La niña llevaba la cabeza casi fuera”, afirma Chari, quien narra que posteriormente a su madre se la llevaron a la quinta planta y allí les estaba esperando una enfermera, desalojando además de la habitación al hombre que hasta entonces en ella estaba.

Nació la niña y su padre comprobó de primera mano que estaba en perfecto estado de salud, Luego, cuando le tocó el turno a su madre de visitarle sólo le dejaron media hora, cuando lo habitual es que esté con ella entre tres y cuatro. Constantemente dos enfermeras se llevaban de manera alterna a la niña, según Chari, porque les decían que “llamaba la atención por el antojo que tenía en el muslo” y “la querían enseñar a todo el mundo por lo bonita que era”.

Esa misma madrugada, con la niña ya en el nido, despertaron a su madre y le dijeron que ha fallecido por un fallo en el corazón. Poco después su padre, al que mandaron a su casa a dormir, apareció en el hospital y le comunicaron la noticia. Él pidió verla y le llevaron al depósito de cadáveres y le enseñaron un cuerpo pequeño envuelto, pero no le dejaron verle la cara alegando que eso no estaba permitido.

“Mi padre, que sabía escribir lo justo, firmó todo lo que le pusieron por delante”, señala Chari, quien añade que tres días más tarde su madre salió del hospital y ni siquiera la volvieron a llamar para decirle cuándo enterraban a la pequeña. Fue entonces cuando Chari Herrera comenzó a remover en el año 2009 cielo y tierra para buscar un halo de esperanza sobre su hermana y, por el camino, se ha encontrado con muchas incógnitas por resolver. 

40 niños en un mes y una muerte con muchas dudasEn los dos años que Chari Herrera lleva volcada en esclarecer qué sucedió exactamente con su hermana en aquel año de 1975 ha hecho un máster en investigación privada, y ha recopilado datos muy confusos que han provocado en ella que sus sospechas sobre la posibilidad que su hermana siga viva vayan creciendo. 

El primer documento que logró rescatar fue en el Registro Civil con el legajo de aborto (cuando el bebé tiene menos de 24 horas). En el, que aparece firmado por su padre, se recoge que la niña falleció con siete meses y que la causa de la muerte fue por prematuridad. Algo cuando menos extraño, puesto que su padre la asegura que su hermana nació con los nueve meses cumplidos y que además él la tuvo en sus brazos.

El segundo, y quizás más llamativo, es el que consigue del Cementerio de San José de Cádiz, donde presumiblemente está enterrada la niña. En él se dice que hay 35 fetos en la misma sepultura y que en el caso de su hermana que la muerte se produjo por macerado, es decir, dentro de la barriga de la madre. 

Además, posee un estracto de ese mismo cementerio en el que se observa que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 1975 se produjo el entierro de 38 niños recién nacidos, la gran mayoría de ellos procedentes de Zamacola. “Es una media muy alta me parece”, señala Herrera.

Por el camino, y tras saltar su caso a la luz pública hace ya dos años, a esta isleña le han salido dos supuestas hermanas y que están dispuestos a hacerse la prueba del ADN para corroborarlo, aunque ella todavía no tiene decidido qué va a hacer puesto que no lo tiene del todo claro. 

Su objetivoAhora mismo, lo único que quiere es que cuanto antes se aclare el caso suyo y el de los otros tres que denunciaron junto a ella. A partir de ahí, no parará hasta que no consiga lo que quiere que no es otra cosa que abrir la sepultura donde supuestamente fue enterrada su hermana en el año 1975 y “veríamos llegado el caso qué es lo que haríamos”.

De momento, seguirá adelante con su función como portavoz de la asociación constituida recientemente y ayudando a todas las familias que necesiten información en el que caso de que sospechen que las ha sucedido algo similar------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La asociación celebra una reunión informativa este lunes en Chiclana

01 de Abril de 2011 14:23h
El colectivo asesorará a los afectados de los pasos que deben seguir para denunciar su situación a las 17,00 horas en la Box
CHICLANA DE LA FRONTERA.- La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, celebra el próximo lunes 4 a las 17,00 horas en el Centro de Iniciativas Juveniles Box una reunión informativa para todos los afectados, socios o no de este colectivo. El objetivo es ofrecer información pormenorizada sobre toda la documentación necesaria para presentar las correspondientes denuncias y facilitar los impresos para ello. En dicha reunión estarán presentes Chari Herrera González, delegada de Anadir por Andalucía y Jesús Alcina Blanco, enlace de dicha delegada en Chiclana. También acudirán el alcalde chiclanero, José María Román, y el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de San Fernando, Fernando López Gil.

ANADIR ya ha gestionado un total de 40 denuncias con toda la documentación en Cádiz, un número al que habría que añadir las demandas presentadas en Algeciras y La Línea y que no han sido tramitadas por este colectivo. Sin embargo, ANADIR tiene conocimiento de unos 140 casos en Cádiz, a excepción de estas dos localidades, 25 de ellos en Chiclana.
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El caso de los niños robados en Es Posible

Sábado 26 de febrero a las 10h30 en Canal Sur 2
El derecho a saber la verdad
Un hombre llamado Antonio recibe una llamada. Es un amigo de la infancia. “Antonio, mi padre me ha confesado que no soy su hijo biológico. Dice que me compró cuando era un bebé. Y dice que tu padre hizo lo mismo contigo. Nos compraron a una monja en Zaragoza”. Luego Antonio lo confirma. Es un niño robado y su padre pagó por él 200.000 pesetas. Su partida de nacimiento es falsa. Su vida ha estado construida en torno una gran mentira.
Han pasado cuatro años y desde entonces Antonio busca a su madre biológica.
Esa historia es real. Parece de película, de novela de intriga. Pero no, no es ficción: es real. Con esa llamada el universo de Antonio Barroso, con casi 40 años, se tambaleó. Su vida tomó un nuevo e inquietante rumbo con mil preguntas por responder: Y no solo eso: esa llamada ha servido también para sacar a la luz uno de los sucesos más negros del franquismo y el posfranquismo en España.
Antonio Barroso es hoy el presidente de ANADIR, una asociación que agrupa a víctimas de adopciones irregulares. Desde hace tres años, vive dedicado a ayudar a resolver casos similares al suyo. El 27 de enero de este año la entidad presentó 261 denuncias por el supuesto robo y venta de niños ante la Fiscalía General del Estado. Tal vez sea solo la punta del iceberg. ANADIR asegura que el número de niños desaparecidos y posteriormente adoptados ilegalmente podría ascender a 300.000 entre los años 40 y 90. ¿Una exageración? Lo cierto es que en las últimas semanas otras cientos de denuncias se han presentado ante las fiscalías provinciales. Antonio Barroso está convencido que detrás de todo esto hubo una gran trama organizada en la que participaron médicos, celadores, enfermeros y religiosos.
Tras años de silencio y temor, las víctimas cuentan historias de niños dados por muertos al nacer en circunstancias poco claras. Niños que, en realidad, podrían haber sido secuestrados y vendidos porque las familias nunca llegaron a ver los cadáveres.
Chary Herrera vive en San Fernando y está convencida de que su hermana, dada por muerta un día de 1974 a las 20 horas del parto en la Clínica Zamacola, de Cádiz, podría estar viva.
“El ginecólogo (hoy jubilado) firmó un certificado de muerte en el que se decía que la niña venía con 7 meses de gestación y que murió por un fallo cardio-respiratorio. Pero prematura no era porque mi madre iba cumplida de 9 meses y más que cumplida”, cuenta Chary.
Su padre quería ver a la niña muerta. Pero los médicos no se lo permitieron. Solo le mostraron un cuerpo totalmente envuelto en vendas. El hospital decidió hacerse cargo del coste del entierro en una fosa común; un funeral al que no asistieron los familiares porque, dice Chary Herrera, no se les avisó.
“¿Qué puedo yo pensar? Que la robaron. Mi padre siempre decían que se la había llevado una enfermera, seguro que se la llevó una enfermera…”.
Chary ha presentado denuncia ante la fiscalía de Cádiz, donde hay otros 39 casos similares. Quiere saber qué pasó realmente.
Estos días estamos conociendo muchas historias como la de Chary. Historias de familias humildes que vivieron siempre con la sospecha de que sus bebés fueron secuestrados. “Todo demasiado rápido”. “Qué raro que no dejaran ver el cadáver de nuestro hijo”. “No pudimos ir al entierro”…
¿Sería admisible que el Estado no pusiera toda la maquinaria en marcha para determinar si en realidad existió una trama organizada? ¿Sería soportable que las instituciones públicas no hicieran lo posible por saber qué fue de esos cientos, posiblemente miles de niños?
Quien suscribe prefiere pensar que todo esto se aclarará.
Lo espero.
Y también lamento: cuánta miseria y cuánta oscuridad nos deparó el franquismo. Aún lo sufrimos.
David Berlanga, Es Posible
No te pierdas “Los años de la ballena”, el reportaje de Es Posible sobre niños robados en Andalucía.
https://www.youtube.com/watch?v=dD41f-cTVwQ
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Chary Herrera, coordinadora en Andalucía de Anadir

"El caso de los 'bebés robados' crece y crece, se ha desbordado"

Chary Herrera empezó sola a buscar en la red a su hermana cuando su padre le confesó que estaba seguro que se la arrebataron al nacer. Ahora lidera desde la asociación Anadir.
PEDRO INGELMO | ACTUALIZADO 15.04.2011 - 09:54
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Chary Herrera, coordinadores en Andalucía de Andadir. /Elías Pimentel
-¿Cuál es su historia? 

-La de ser la única chica de siete hermanos y escuchar un día a tu padre decir que tienes una hermana.

-¿Cuándo se lo dijo?

-A los 15 años. No pudo ocultarlo más. Me pidió que buscara a una chica que se pareciera a mí y, si alguna vez la encontraba, la abordara y le preguntara si tenía un antojo, una señal de nacimiento. Él llegó a verla. Fue en 1975.

-¿Y su madre?

-Mi madre siempre dijo "la niña está muerta" y punto. Es la reacción de muchas personas que tienen la convicción de que su bebé fue robado: borrarlo.

-¿Pensó que el caso de los bebés robados podía alcanzar esta dimensión?

-Yo veía el programa de Lobatón, el Quién sabe dónde, y se hablaba de niños adoptados, pero nunca de niños robados. No es que pensara que nuestro caso fuera el único... Pero tantos...

-¿Cuántos?

-No es fácil enumerarlos en Andalucía porque cada día siguen creciendo. Hay días que recibo cien llamadas.

-No todas la denuncias serán robos. Algún bebé moriría realmente.

-Naturalmente. La difusión en los medios ha ayudado mucho, ha hecho posible que esta trama salga a la luz tantos años después, pero también ha generado psicosis. Se ha desbordado. Muchos quieren denunciar sólo con su convicción, poniendo en la denuncia algo como yo soy uno de esos casos que salen en la tele.

-Hacen falta papeles.

-Claro, la Fiscalía y la Policía exigen un mínimo protocolo. Un legajo de abortos si, supuestamente, falleció antes de las 24 horas y, si fue después, certificado de nacimiento, inscripción en el registro civil, certificado de defunción, legajo de fallecimiento o copia del libro de inhumaciones, aparte del historial clínico de la madre. Esos papeles existen, a veces cuesta conseguirlos, pero existen.

-¿Por qué ha tardado tanto en salir a la luz? Estamos hablando de tres décadas.

-El miedo. Los médicos tenían mucho poder antes. He hablado con madres y padres que creían que si denunciaban les llevarían al calabozo. Conozco a un padre que lo hizo, que fue a comisaría y allí la Policía se rio de él, le dijo que cómo  iban a robar niños.

-Y pasaban página.

-Pues sí. Es como el caso de mi madre. Era tan doloroso... Mis padres nunca fueron al cementerio. La mayoría de los casos tiene un patrón muy parecido.

-¿Las asociaciones de memoria histórica se han interesado por estos casos?

-Sí, yo empecé por ahí, pero todo se mezclaba con la política y aquí de lo que estamos hablando es de codicia. Lo hacían por dinero. Hay médicos de esa época, que posiblemente participaron en esas prácticas, que tienen unos chalés lujosísimos que no se corresponden con lo que ganaba un médico de la época.

-¿Y el papel de las monjas?

-Decisivo. Algunas parroquias funcionaban como intermediarias. Era allí donde iban las familias pudientes a que les proporcionaran un bebé.

-¿No tiene dudas? ¿Y si todo esto se hubiera montado sólo sobre algún caso aislado?

-A estas alturas sabemos cómo funciona la trama. Los hospitales, que no tenían obligación de hacerlo, pagaban supuestos entierros para que los padres no pudieran ver los cuerpos... Hay un caso de una hija que tiene una madre nulípara, es decir, que nunca ha parido. Son demasiadas evidencias y coincidencias.

-¿Hubiera sido posible este movimiento sin las redes sociales?

-Facebook ha sido un excelente instrumento para coordinarnos. Antes, en los 80, apareció una denuncia en Interviú; diez años después salió otro reportaje sobre la clínica San Ramón de Madrid. Ha estado tantas veces a punto de estallar... pero siempre parecía que una mano lo tapaba. Con las redes sociales, y también con el apoyo de los medios, ha sido imparable.

-¿Qué cree que sentirá si encuentra a su hermana?

-No sé, me he llevado tantas decepciones, tantas falsas alarmas. ¿Sabe? Yo creo que, como dicen muchas madres, cuando encuentre a mi hermana, si la encuentro algún día, me daré cuenta de que es ella. Me lo dirá un sexto sentido.

-¿No ha sentido la tentación de ir a ver al médico que atendió a su madre?

-No. Tengo su dirección, su número de teléfono, lo sé todo de él, pero no, no quiero hablar con él. Eso es trabajo de la Policía.
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20 familias de Cádiz se suman a la denuncia nacional de bebés robados

30 personas se personarán el jueves en la Fiscalía General del Estado, en Madrid, con Anadir, que ha nombrado a la isleña Chary Herrera delegada en Andalucía
ROSA ROMERO / CÁDIZ | ACTUALIZADO 25.01.2011 - 05:01
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Familias denunciantes, ante la Audiencia el pasado diciembre.
Finalmente, no han conseguido que ninguna administración atendiera a su llamamiento de fletarles un autobús para poder acudir desde Cádiz a la denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado por los casos de bebés declarados muertos a las pocas horas de nacer, supuestamente para ser vendidos o dados en adopción, que ha promovido Anadir, la Asociación Nacional de Adopciones Irregulares.

Pero eso no les ha amilanado. De modo individual, la mayoría va a montarse el miércoles por la noche en el autobús que enlaza Cádiz con Madrid para sumarse el jueves a la denuncia global. Los menos, viajarán en avión.

Nada menos que 30 personas, pertenecientes a veinte familias de la provincia que ya han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz, han decidido sumarse a la iniciativa nacional, que ya sobrepasa los 450 casos en toda España, y han confirmado su asistencia a Madrid, según aseguró ayer a este diario Chary Herrera, la joven de San Fernando que en primer lugar sacó a la luz pública el posible caso de su hermana, denunciando a este diario en mayo lo ocurrido hace más de 35 años.

Chary Herrera, que ha sido nombrada delegada en Andalucía de Anadir, encabezará la comitiva gaditana. Junto a ella, estarán familias de Cádiz, El Puerto, Puerto Real, Bornos, Arcos, Chipiona, Benalup-Casas Viejas y San Fernando, municipio que, exceptuando el caso de La Línea, en el Campo de Gibraltar, es el que condensa de momento en la provincia un mayor número de posibles casos.

La mayor parte de los nacimientos de estos bebés cuyas familias han interpuesto denuncia tuvo lugar en la hoy desaparecida residencia Zamacola, y en mucha menor medida, en el hospital Puerta del Mar (que reemplazó a la residencia) y en el hospital de Mora, entre las décadas de los 50 y los 80.

La desde ahora delegada de Anadir en Andalucía quiso denunciar por último la total falta de colaboración que las familias están encontrando ahora en el cementerio de Cádiz. Desde hace poco, en el camposanto "se niegan a facilitar a los afectados la documentación que requieren", con vistas a interponer denuncia en la Fiscalía, alegando que han recibido instrucciones de su asesoría jurídica de no entregar papel alguno.

Fue n a final de cuando la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, ordenó a la Policía que investigara las muertes de los bebés, dando curso a las denunciadas presentadas cinco meses atrás. En la actualidad, los casos de muertes extrañas de recién nacidos en hospitales de la capital se acercan al medio centenar.
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NOTICIA DEL 2010 (PRIMERA VEZ EN PRENSA ESCRITA EN CADIZ)

Otra denuncia eleva a seis los casos de supuestos bebés muertos en Cádiz

Una isleña denuncia que su hermana nació a término en 1975 y horas después a su madre le dijeron que había muerto; en el Registro figura que era prematura
ROSA ROMERO / CÁDIZ | ACTUALIZADO 28.05.2010 - 10:24
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Chari, con uno de sus hermanos, con papeles del extraño caso, en su casa, en San Fernando.
La iban a llamar María de los Ángeles. Era la tercera hija de un matrimonio residente en San Fernando que con premura se desplazó hasta Cádiz para el alumbramiento, en enero de 1975, cuando el franquismo daba sus últimas boqueadas. La pequeña tenía prisa por nacer. Su cabecita ya asomaba. Horas después, les dijeron que había muerto. Hoy, su hermana denuncia que aquello fue muy raro, que había nacido sana, gordita, tras los aconsejables nueve meses de gestación, y, extrañamente, en los papeles oficiales de la época se recoge que era prematura.

María del Rosario Herrera González ha unido su voz a las de los familiares de los cinco casos de bebés supuestamente nacidos muertos en La Línea , que ha venido publicando Europa Sur, cuyos fallecimientos no figuran en ningún documento oficial. Tampoco en ninguna losa del cementerio.

El caso de la hermana de María del Rosario, Chari, tiene bastantes similitudes. Demasiadas coincidencias y demasiadas lagunas. Como para no poder dejarlo pasar. Como para emprender una batalla que ya la ha llevado a contactar con numerosas personas de toda España que, como ella y como los casos de La línea, creen que aquellos bebés en realidad nunca murieron.

Su madre no quiere ni oír hablar de aquello. Hoy, 35 años después, aún siente un dolor tremendo. Pero Chari, la única niña entre cinco hermanos (ella nació justo un año después de su hermana, ha crecido siempre con la duda. Con la duda y con la certidumbre de que por ahí, en algún lugar, tenía una hermana viva. "Eso es lo que siempre nos decía nuestro padre. Y que, cuando fuéramos mayores, que lo investigáramos". Y eso es lo que ha hecho.

Relata que su hermana nació el 10 de enero de 1975 a las 7:45 horas en la clínica San Rafael (la residencia Fernando Zamacola estaba en obras, y la clínica privada había cedido parte de sus instalaciones a la Seguridad Social). "A mi madre la parteó una enfermera en una habitación de la quinta planta porque la niña venía con la cabeza fuera y no dio tiempo de subir a paritorio", apunta con emoción. Su hermana "nació viva, gordita y en perfecto estado. Tanto que la paseaban las enfermeras por la planta, para enseñarla porque era muy bonita. Ah, y algo muy importante, tenía un antojo de nacimiento grande de 6 a 8 centímetros en un muslo color café con leche. Mi madre apenas la tuvo. A la noche se la llevaron al nido a dormir, y a las 3:00 del día 11 le dijeron a mi madre que estaba malita y que avisara a un familiar, pero a ella no la dejaron bajar".

A su padre y a su abuelo les dijeron después que había muerto, pero que no podían verla. Tras mucho insistir, les enseñaron un cuerpo envuelto en vendas totalmente. En la clínica les dijeron que ellos se encargaban del entierro. Y firmaron todos los documentos relativos al fallecimiento. "Pero sólo eso porque mi padre era analfabeto y sólo sabia firmar, no leer". Tres días después, a su madre le dieron de alta sin ninguna documentación, "que tampoco pidió por encontrarse tan mal y porque pensó que no tenía que pedirla por haber muerto antes de inscribirla en el Registro".

Chari ha logrado que en el Registro de Cádiz le den " el cuestionario de criaturas abortivas rellenado por mi abuelo y firmado por mi padre. También tengo el acta de nacimiento y fallecimiento de mi hermana firmado por el ginecólogo que dice asistir al parto y es mentira, el encargado del registro civil y mi padre, en el que pone que mi hermana era prematura de 7 meses, cuando nació a término. Y tengo el certificado médico firmado por el ginecólogo donde dice que mi madre dio a luz a un feto hembra de 7 meses de gestación que falleció a las 20 horas de vida siendo la causa fundamental prematuriedad y la inmediata insuficiencia cardiorrespiratoria".

Ayer mismo, contactó con el hospital Puerta del Mar, para intentar conseguir el parte de ingreso por parto de su madre. Y es que Chari no va a parar hasta conseguir saber la verdad, qué ocurrió con su hermana y con tantos niños que dijeron que habían muerto.

"En Madrid me han dicho que hay más de 50 casos. Y en La Línea ya van por cinco. Yo he hablado con muchas personas y es cierto: en esa época vendían a los niños. Con 200.000 pesetas, o tenías para tres pisos o comprabas un niño".
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(NOTICIA DEL 2009 - PRIMERA VEZ EN PRENSA ESCRITA-PERIODICO DIAGONAL)
"La madre biológica entraba por un lado y la adoptiva salía con un bebé por otro"
El robo de niños para darlos en adopción continuó hasta los años ‘80 en el Estado español. Algo que comenzó con una motivación política se convirtió en un negocio movido por curas, monjas y médicos. Algunos de ellos, aún viven.
15/10/09 · 0:00
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Foto: Cedida por el Archivo de Internos de Auxilio Social.
Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia. Como una película en blanco y negro lo relata Cruz Martínez, expresidenta de Derecho a Saber (ANDAS), una asociación que destapó el robo de niños durante el Franquismo.
El robo de niños no terminó con el que sufrieron las presas políticas republicanas tras la guerra, continuó hasta bien entrados los años '80, en esta ocasión, a madres sin filiación política. Un médico que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz y que no quiere revelar su identidad señala a DIAGONAL: "Era sabido que existían chanchullos en los hospitales en esos años [los '60 y '70]. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos.Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada".
Estos hechos son investigados en juzgados de Madrid, Zaragoza y Andalucía. El 9 de octubre fue convocado en Madrid, por segunda vez, el abogado Fernando Magán, que representa a varias organizaciones de memoria histórica que buscan a estos niños robados. A la causa de las madres republicanas se une ahora la de mujeres sin filiación que también sufrieron esos crímenes que el auto del juez Garzón (páginas 50-74) señala como víctimas del Franquismo. El auto, entre otros documentos, reproduce la carta de un capellán que participó en un secuestro de un bebé en 1952
Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? se empezaron a colar estas historias. El periodista apoyó la creación de la Asociación Nacional Derecho a Saber, ANDAS, en 1996 y en la actualidad inactiva, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados.
Curas, monjas, médicos...
Después, internet ha hecho el resto. Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzle: El cura le dice a la monja de la inclusa, y luego de los hospitales, que tiene una pareja que quiere un niño y así se pone en marcha la cadena", dice Cruz Martínez, que descubrió su identidad con más de 40 años.
Todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante.
Ya se puede dibujar el mapa de las adopciones ilegales: de Bilbao a Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos, Tenerife, Melilla... Las pioneras en la búsqueda se dieron de bruces con una realidad
dura: nadie se creía sus testimonios.
A la que fue tesorera de ANDAS en Cataluña, Baleares y Valencia, Virtudes Hernández Martínez, sus amigos del colegio le dijeron que era adoptada. Con 15 años solicitó una partida de nacimiento y tuvo la suerte de que una nota marginal indicaba su nombre real, tachado, y decía: Entrego a mi hija porque no puedo mantenerla y me comprometo a no reclamarla. Además, supo que recién nacida fue trasladada a Alicante desde la inclusa de Murcia. Tras conocer esta información se desplazó hasta Murcia e intentó que el registro le aportara documentación. No le dieron nada. Le dijeron que tenía que esperar 50 años.
En 1999 volvió de nuevo a Murcia y el juez del registro le volvió a negar el acceso a los datos, ella insistió y entonces el juez le mostró un libro que cerró de golpe al ver que sus apellidos eran distintos. Virtudes se marchó después a la parroquia más cercana y consiguió que el cura accediera a buscar su partida de bautismo. Los apellidos que fotografió en su mente en el registro coincidían. Ahora tiene dos partidas de bautismo.
"Se trataba de desarraigarnos. En nuestra asociación tuvimos casos de bebés robados que fueron trasladados de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos. Si existen, pero una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan", explica Virtudes.
Por un lado, la Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de DD HH, esa espera de 50 años vulnera el derecho fundamental de la persona.
Para la asociación Derecho a Saber, esta contradicción no es para proteger a las madres, "porque el 90% de los casos no dieron su consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que cometieron los robos e incluso tuvieron hijos. Ellos fueron después el eslabón de un mercado de bebés", declara la expresidenta de Derecho a Saber, María Cruz Martínez, a este periódico.
Los testimonios hablan de médicos que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis en la maternidad de Santa Cristina, en O'Donnell. Ése es el caso de Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964, que fue dada por muerta sin que sus padres pudieran ver su cuerpo. Su hermana Mar, ha comprobado recientemente
por el parte de incubadoras que el diagnóstico facultativo, firmado por el doctor Ignacio Villa Elizaga, era otitis.
En el registro de la Comunidad le dijeron: "Es llamativo que en ese mismo día murieron seis niños más también por otitis", posiblemente firmados por el mismo médico. Mar cuenta con datos que están en el juzgado e incluso cree que su hermana fue a parar a Austria. Tras conocer esta noticia, una familia acudió a una asociación madrileña
para denunciar otro supuesto robo de gemelos sucedido en la antigua maternidad de O'Donnell en 1968. Tampoco les dejaron ver los cuerpos y la defunción fue por otitis.
Pilar Helguera Rodríguez nació el 12 de diciembre de 1957 en O'Donnell. A los tres días de nacer sana y ser llevada a una incubadora, a su padre le dijeron que había muerto y ya estaba enterrada. El ginecólogo que atendió a la madre, según su testimonio, fue José Botella Llusía, fundador y también director de la antigua maternidad.
En 1974 hubo una denuncia contra Amalia Franco Granado, abogada de la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) y el médico Enrique Marín Bonachera, acusados de un supuesto delito de sustracción de menores. La AEPA fue un organismo presidido y creado en 1969 por el fiscal general del Tribunal Supremo. Para esa tarea se rodeó de cargos afines al Opus, como Ignacio Villa Elizaga, que trabajó en el hospital O'Donnell y en la maternidad de Santa Cristina, según fuentes médicas. Villa Elizaga, actualmente es catedrático en la Universidad de Navarra.
En la clínica San Ramón, situada en el paseo de la Habana 143 de Madrid, fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados crearon una asociación con casos de los años '60, '70 y '80 que acusan como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela Vela, que aún vive, y sor María Gómez Valbuena. Además, Donnell, Santa Cristina y San Ramón, actuaron de forma coordinada en el tráfico de bebés.
La trama de Mercedes de Gras
En Bilbao, la trama fue manejada por Mercedes Herrán de Gras, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos, etc., que después del parto les retiraban los bebés a las madres, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao.
Isabel, nombre ficticio de una joven, fue obligada por sus padres a entregar su bebé. Otra chica fue engañada y amenazada por el cura de San Nicolás de Bari que, presuntamente, se encargaba de las adopciones, según explica Isabel. Varios testimonios aportados al juzgado por el abogado Fernando Magán amplían esta información. En las clínicas Indautxu y San Javier de Bilbao, según varios testimonios, ocurría los mismo.
Estaba todo atado
En Andalucía también hay casos documentados, como el de Amelia M. P. S., adoptada como Amelia M.J.F. Nació en la clínica Santa Cristina de Madrid, el 9 de agosto de 1972. Su padre adoptivo fue un obrero de Cádiz, pero la tía de éste vivía en Madrid, y tenía relación directa con la Asociación Española para la Protección de la Adopción y con las Hermanas de la Caridad. Esta mujer pidió una niña para su sobrino, previamente había recibido un poder notarial de él para hacer todas las gestiones.
Amelia, la niña de entonces, cuenta con cartas en las que su tía-abuela rechazó varias ofertas hasta encontrarla a ella. El padre antes de morir le dio los documentos diciendo que "estaba todo atado". Los papeles están avalados por Gregorio Guijarro e Ignacio Villa Elizaga. "Mi padre me dio las escrituras porque había dejado dicho que ni siquiera con esos papeles, iba a conocer la verdad", señala.
María de los Ángeles Herrera González, de San Fernando (Cádiz), nació a los nueve meses el 10 de enero de 1975, en la clínica  Fernando Zamacola de Cádiz. Pasadas 20 horas, un ginecólogo le dijo al padre que había muerto. "A fuerza de insistir le enseñaron algo envuelto en trapos", explica su hermana, que ahora ha conseguido documentos y todos están firmados por el mismo ginecólogo, también político de Cádiz. El certificado de defunción del hospital dice que la niña nació con siete meses, pero en el registro no consta como muerta. En esta comunidad existe también una denuncia en los juzgados contra un médico de la clínica O'Donnell, en los años '70, por falsedad documental. La madre adoptiva fue inscrita como parturienta.
En Valencia, Santa Isabel
Valencia no se quedaba atrás. La mayoría de los adoptados irregularmente procedían de la casa cuna Santa Isabel, gobernada durante años por sor Aurora Gallego, que quería instalar de nuevo el torno. En Valencia estuvieron las fundadoras de la asociación Derecho a Saber, Cruz Martínez y Virtudes Hernández: "Fuimos a averiguar varios casos que llegaron a la asociación, una de las matronas de la casa cuna nos llevó a su casa donde tenía, encima de un armario, torres de cuadernos escritos a mano con cientos de datos de niños robados en páginas
ya amarillas.

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